INMIGRANTES EN CHILE: ¿MÁS RESTRICCIONES O MÁS DERECHOS?

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“Queremos celeridad, queremos que esto se tome en serio”, dijo la diputada Camila Vallejo (PC) en una rueda de prensa el miércoles pasado, en la que -junto al representante en Chile de Amnistía Internacional- pidió al gobierno cumplir su compromiso de enviar un proyecto de ley para modificar y actualizar las normas sobre inmigrantes. Vallejo informó además que ella y otros nueve parlamentarios presentaron un proyecto de acuerdo solicitando a la Presidenta Bachelet el envío de dicho texto.

Algunos días antes, había sido la diputada Paulina Núñez (RN) quien -junto a otros parlamentarios de la oposición y el DC Jorge Sabag- presentaron una iniciativa propia al Parlamento, que endurece las condiciones en que se permite a los migrantes conseguir visas temporales o de trabajo.

El debate abierto en la Cámara de Diputados apunta a un diagnóstico transversal: la actual Ley de Extranjería y Migraciones fue dictada en 1975 por el régimen militar, bajo un enfoque fuertemente restrictivo y con el acento en bloquear la llegada de partidarios de la izquierda. Un ejemplo: Al enumerar a quiénes se prohíbe la entrada a Chile, el primer lugar lo ocupan “los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”.

Tanto en el oficialismo como en la oposición admiten que es necesario actualizar la normativa, pues la de mediados de los 70 no da cuenta ni de las complejidades ni de la envergadura actual del fenómeno. Según el Anuario Estadístico Nacional Migración en Chile 2005-2014, las cifras crecieron de 105 mil migrantes en 1992 a casi 411 mil en 2014.

Ese aumento es mucho más nítido en algunas zonas del país. Además del tradicionalmente alto índice en la Región Metropolitana (61,5% de los migrantes llegaron a Santiago), el 6,9% en Antofagasta plantea un cuadro distinto al 0,4% de Aysén.

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